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"Una vida libre de violencia: es un derecho nuestro"

Por: Aparna Mehrotra y Rini Banerjee

"Un día, cuando salí con mis hermanos menores, un soldado me agarró, me metió a empujones dentro de un taxi y me secuestró. Había otro soldado detrás de él. Yo me defendí, pero no pude escapar. Luego sucedió lo inevitable y sentí que todo lo que yo había planeado para mi vida se había arruinado. Después de eso caí enferma por dos semanas. El doctor dijo que tenía fiebre hepática y después hepatitis. Yo quería matar al soldado que me violó. Mis padres y familiares decidieron que debía casarme con él." (Mujer de la ciudad de Jalisco, México)

La historia de esta mujer es común entre cualquier otra latinoamericana y, según estudios de organismos internacionales, la violencia emerge como uno de los obstáculos más perturbadores y prevalecientes que evita el uso de opciones para un mejor desarrollo humanos y destroza el proceso de la autoafirmación necesaria para tomar decisiones independientes que afectan las vidas de las mujeres. La violencia emerge como una seria violación de los derechos humanos que revoca el derecho de la mujer a la dignidad, la igualdad, la autonomía y al bienestar tanto físico como emocional.

Este año se conmemora el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos --y los derechos de la mujer son derechos humanos--; esta idea, aunque obvia hoy en día, fue de hecho, llegando lentamente. Es por ello que 1998 ofrece oportunidades sin precedentes para enfocar nuevamente la atención en el tema de la violencia contra la mujer.

La violencia no es sólo una manifestación de relaciones de poder desiguales, abusivas e injustas, sino que también es un fenómeno de alto costo económico que trae como resultado pérdidas significativas de potencial productivo.

Plenamente consciente de esta realidad moralmente inaceptable, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha unido, en este año especial para los Derechos Humanos, en una campaña inter-agencias para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, enfocada en América Latina y el Caribe. El lema de la campaña es : "Una vida libre de violencia: este es nuestro derecho."

Además de los 50 años de la declaración de los Derechos Humanos, se cumple también el quinto aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), en la cual se reconoció que los derechos de la mujer son derechos humanos. A medio año, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, revisará la implementación de la Declaración de Viena y el Programa de Acción.

Esta campaña para combatir la violencia contra la mujer es impulsada y organizada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el PNUD (coordinadores), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Fondo de Ayuda de las Naciones Unidas (UNAIDS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En esta campaña, cada agencia hará ver que la violencia contra la mujer es un problema endémico e inaceptable. La idea es impulsar estrategias de colaboración para promover y proteger los derechos humanos de la mujer con un enfoque especial en el asunto de la violencia.

La campaña inter-agencias recurrirá a la red de representantes y miembros directivos de cada una de las agencias que la apoyan y a los Centros de Información de la ONU, así como a las organizaciones de toda la región, en busca de apoyo, capacidad de construcción, comunicación con los medios masivos, distribución de los materiales y organización de los eventos.

Algunas actividades de la campaña incluirán talleres de concientización y entrenamiento para jueces y policías, proporcionar fondos para refugios; asistencia en redacción y aprobación de legislaciones locales en línea con el Comité para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la recolección de información y la preparación de una evaluación de sus necesidades; movilización de los medios de comunicación para informar sobre el tema, en conciertos y concursos, así como desarrollo de espacios de radio y avisos de servicio público para la televisión, así como un documental sobre la violencia contra la mujer y la niña.

La realidad del continente

América Latina y el Caribe registran una impactante tendencia de creciente incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas. Estudios sobre la violencia contra las mujeres y las niñas indican una alta incidencia de violencia dentro de las familias y en algunos países ésta está citada como la principal causa de hospitalización de las mujeres.

En cualquier parte, desde el 25 por ciento hasta más del 50 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe --dependiendo del país en que viven-- son víctimas de algún tipo de violencia doméstica De hecho, la violencia constituye la forma más abusiva de victimización de que son objeto las mujeres durante su vida entera. Este fenómeno tiene poderosas implicaciones en las mujeres y en la sociedad y genera problemas que a menudo empiezan en el nacimiento y continúan a lo largo de su ciclo de vida.

Otro problema asociado con la violencia es que ésta es casi siempre transmitida generacionalmente, a través de niños que han sido testigos o han estado sujetos al abuso. Estos niños tienden a reproducir la violencia y la aceptan como una manera viable de resolver conflictos o ejercer influencia. Al igual que sus padres, crecen para ser tanto abusadores como víctimas, perpetuando el ciclo de violencia de una generación a otra, lo que hace que la violencia de género sea un asunto serio y perturbador que afecta negativamente a la presente y a las futuras generaciones.

En muchos países de América Latina y el Caribe, los patrones legales y la implementación de justicia siguen siendo discriminatorios entre las mujeres y los hombres, sobre todo en lo que respecta a los asuntos relacionados con la familia, como el matrimonio, el divorcio, los derechos a la propiedad, la violencia, y a los asuntos laborales, tales como diferencia en la escala laboral, desigualdad en las condiciones de trabajo, y las prácticas de contratación y despidos.

En Guatemala por ejemplo, el Artículo 114 del Código Civil, le otorga al esposo el derecho de prohibirle a su esposa que trabaje fuera de la casa, lo que limita drásticamente la capacidad de ganar la independencia económica que una mujer necesita para escapar de una relación abusiva.

Del mismo modo, hasta 1989 en que se dio una reforma legal, en Ecuador un esposo tenía el derecho de obligar a su esposa a vivir con él, sin importar cuán abusivo había sido él con ella. El problema de la violencia doméstica recién ha sido reconocido, no sólo por las asombrosas cifras, sino además por las formas en que la ley y la sociedad reaccionan ante este problema.

En 12 países latinoamericanos, un violador puede ser exonerado si le ofrece matrimonio a su víctima y ella acepta. En otros, el violador puede ser exonerado aún si ella se rehusa a aceptar su oferta de matrimonio. La familia de la víctima con frecuencia la presiona para que ella acepte casarse con el violador, ya que creen que de esa manera se restaura el honor de la familia. En muchos países, de todos los crímenes reportados a la policía, entre el 70 y el 80 por ciento involucran a mujeres golpeadas por sus compañeros.

Datos de América Latina y el Caribe, confirman que seis de cada diez mujeres han sufrido abuso físico o psicológico de parte de su compañero íntimo. En lo que respecta al trabajo, en muchos países es una práctica común despedir a las mujeres embarazadas, negarles el período de descanso por maternidad o pagarles con una escala salarial diferente.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe han acordado adoptar e implementar la legislación nacional para erradicar la violencia contra la mujer y trabajar activamente para ratificar los acuerdos internacionales que se relacionan con la violencia contra la mujer.

Sobre este particular, la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptó la Convención de Belen do Para un instrumento legal internacionalmente aceptado que reconoce todos los tipos de violencia de género como un abuso de los derechos humanos.

Los gobiernos están de acuerdo en que deberían haber refugios, ayuda legal y otros servicios para las niñas y mujeres en riesgo, y consejería y rehabilitación para los abusadores. Los gobiernos además se han comprometido a adoptar las medidas adecuadas en el campo de la educación para modificar los patrones de conducta sociales y culturales de hombres y mujeres. Sin embargo, aunque las adopciones y los compromisos son los primeros pasos importantes, traducirlos en acciones concretas se ha convertido en el objetivo primordial.

El costo de la violencia

El costo de la violencia no es sólo psicológico ni social, la violencia le cuesta a las economías de la región muchos millones de dólares en cuidados de salud, gastos legales, y pérdida de productividad.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, un día de trabajo de cada cinco perdidos por las mujeres por motivos de salud, es el resultado de problemas asociados con la violencia, específicamente con la violencia doméstica. En Canadá, un estudio concluyó que la violencia doméstica le cuesta al país 1.6 billones de dólares por año.

Hay estudios en la región de América Latina y el Caribe sobre el impacto económico de la violencia doméstica. Recientemente, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluyó que la violencia doméstica ha costado un 2 y un 1.6 por ciento de la Producción de Desarrollo General (PDG) en 1996 en Chile y en Nicaragua respectivamente.

Claramente, hay un impacto directo con el incremento de la capacidad. También en Nicaragua, el 41 por ciento de las mujeres no asalariadas son víctimas de grave violencia física. Otras estadísticas de Nicaragua establecen que el 63.1 por ciento de los hijos de madres víctimas de la violencia, han tenido que repetir el año escolar y que dejan la escuela, como promedio, cuatro años antes que los otros niños. Los niños que son testigos o víctimas del abuso, tienden a imitar ese comportamiento y a perpetuar el ciclo de abuso.

Finalmente, el estudio del BID concluyó que el nivel de violencia social es un factor clave en la capacidad de un país para lograr el desarrollo humano y económico sostenible. El desarrollo humano sostenible estará directa y negativamente afectado en esta región a menos que el ciclo de violencia se rompa.